Rechazo por la quita de subsidios al transporte para personas con discapacidad

Organizaciones sociales, familiares y usuarios de todo el país expresaron su preocupación por los recortes impulsados por el Gobierno nacional en los beneficios de transporte para personas con discapacidad. Advierten que la medida podría dejar a miles de personas sin acceso a tratamientos médicos, educación y trabajo.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con recortes en los subsidios al transporte destinados a personas con discapacidad generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad. Organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares y usuarios denunciaron que la medida afecta directamente derechos fundamentales y pone en riesgo la accesibilidad y la inclusión social de miles de personas en todo el país.

El beneficio permitía que personas con discapacidad pudieran trasladarse diariamente para asistir a tratamientos médicos, instituciones educativas, actividades laborales y espacios de rehabilitación. Sin embargo, tras los cambios impulsados por el Ejecutivo, numerosas familias aseguran que ya no podrán afrontar los costos de los viajes sin ayuda estatal.

Desde entidades que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad señalaron que el impacto de la medida será especialmente grave para quienes viven en situaciones de vulnerabilidad económica. “Estamos hablando de personas que necesitan viajar para rehabilitarse, estudiar o simplemente tener una vida digna. Sacar este subsidio es dejarlas aisladas”, expresaron referentes del sector.

El conflicto abrió además un nuevo debate sobre el alcance de las políticas de ajuste económico impulsadas por el Gobierno nacional y sus consecuencias sociales. Desde sectores opositores cuestionaron el recorte y sostuvieron que “golpea a los sectores más vulnerables”, mientras que desde el oficialismo defendieron la decisión argumentando la necesidad de “reordenar el gasto público y eliminar irregularidades en el sistema”.

En paralelo, comenzaron a multiplicarse los reclamos y las manifestaciones en distintas ciudades del país. Organizaciones sociales y agrupaciones de familiares anticiparon que continuarán las protestas para exigir la restitución de los beneficios y no descartan acudir a la Justicia para intentar frenar la medida.

Las familias afectadas advierten que, de mantenerse el recorte, muchas personas podrían abandonar tratamientos médicos, actividades educativas o empleos debido a la imposibilidad de costear los traslados. “No es un privilegio, es un derecho”, remarcan desde los sectores que impulsan los reclamos.