Paritarias docentes en Santa Fe: entre la recomposición salarial y los incentivos por asistencia

La negociación entre el gobierno provincial y los gremios vuelve a poner en debate la recomposición salarial y el alcance de los incentivos por asistencia en el sistema educativo.

El miércoles 9 de febrero, el Ejecutivo de la provincia recibió a los sindicatos docentes en una nueva instancia de negociación paritaria. La convocatoria se dio en un contexto de fuerte tensión entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y el sector educativo, una relación que, desde el inicio de la gestión, se ha deteriorado de manera sostenida.

El objetivo formal del encuentro fue escuchar los reclamos del sector docente y delinear el camino de las próximas reuniones. Los gremios han sido claros: exigen una recomposición salarial que permita frenar la pérdida del poder adquisitivo, golpeado por una inflación persistente y salarios que quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida.

En ese sentido, la Unión Docentes Argentinos (UDA) de Santa Fe reclamó un aumento del 25% para los trabajadores de la educación, entendiendo que los ingresos actuales no logran compensar la caída real de los sueldos. Más que un pedido extraordinario, se trata de una demanda orientada a sostener condiciones de vida dignas en un contexto económico cada vez más adverso.

Pese a este escenario, el gobierno provincial insiste en profundizar el Programa de Asistencia Perfecta. El viernes 13 de febrero se abonó un premio especial equivalente a un incentivo trimestral para 15.309 docentes que no registraron inasistencias durante 2025. Además, quienes tuvieron solo una o dos faltas recibieron un pago retroactivo correspondiente a los montos no percibidos el año pasado.

Sin embargo, lejos de descomprimir el conflicto, este tipo de programas parecen funcionar como un parche que evita abordar el problema estructural: los bajos salarios. Premiar la asistencia, sin discutir seriamente la recomposición salarial, traslada la responsabilidad al trabajador y convierte el derecho a un sueldo digno en un beneficio condicionado. En lugar de fortalecer el sistema educativo, estas políticas profundizan el malestar y generan divisiones dentro del propio sector docente.

Resulta llamativo que el Ejecutivo priorice incentivos individuales antes que una negociación salarial integral, como si la vocación docente pudiera sostenerse únicamente a través de premios y no de políticas salariales consistentes. La educación difícilmente pueda fortalecerse si la base del sistema: "sus trabajadores", continúa perdiendo poder adquisitivo.

Desde el gobierno se ratificó el compromiso de garantizar el inicio normal de clases. La pregunta que queda abierta es ¿a qué costo?. Porque garantizar el inicio del ciclo lectivo sin atender las demandas estructurales del sector docente puede asegurar aulas abiertas, pero difícilmente garantice una educación de calidad.