Salud en crisis en Santa Fe: autoconvocados desafían la paritaria y exponen la fractura sindical.

Trabajadores del sistema público se movilizaron en la capital provincial contra el acuerdo salarial firmado por AMRA y Siprus con el Ejecutivo. Mientras el Gobierno defiende la recomposición como una medida de contención ante la inflación, crece el cuestionamiento a la representación sindical y se profundiza la tensión en el sector sanitario.

La negociación salarial del sector sanitario en Santa Fe atravesó un nuevo episodio de tensión este lunes, cuando trabajadores autoconvocados protagonizaron un abrazo simbólico frente al Hospital Cullen y posteriormente se movilizaron hacia la sede de la Casa de Gobierno de Santa Fe en rechazo a la propuesta paritaria presentada por el Ejecutivo provincial.

La protesta se desarrolló sin interrupciones en la prestación de servicios esenciales: las guardias funcionaron con normalidad y no se registraron afectaciones en la atención. La convocatoria reunió a enfermeros, médicos, personal del sistema de emergencias 107, trabajadores administrativos, técnicos y empleados de servicios generales, lo que evidencia un malestar transversal dentro del sistema público de salud.

El núcleo del conflicto radica en el desacuerdo con el acta firmada en la mesa paritaria por los gremios AMRA y Siprus. Los autoconvocados cuestionan no solo el contenido del acuerdo, al señalar la ausencia de definiciones sobre pase a planta permanente y recategorizaciones, sino también la legitimidad del proceso de validación. En este sentido, denunciaron irregularidades en la modalidad de votación digital y sostuvieron que no se sienten representados por las estructuras sindicales tradicionales, lo que introduce un componente político-institucional al conflicto: la disputa por la representación en el ámbito laboral estatal.

El entendimiento alcanzado contempla la incorporación de un mínimo garantizado de $75.000 para enero, a liquidarse por planilla complementaria, y la elevación de ese piso a $170.000 mensuales desde febrero. La Provincia presenta esta medida como un mecanismo de contención frente al deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario persistente. Asimismo, se difundió que un profesional ayudante con un cargo de 24 horas y un año de antigüedad alcanzaría en febrero un ingreso de bolsillo cercano a $1.600.000.

Sin embargo, más allá de los números, el conflicto revela tensiones estructurales: por un lado, la estrategia gubernamental de administrar recursos en un escenario fiscal restrictivo; por otro, las demandas de estabilidad laboral y reconocimiento profesional que exceden la mera recomposición salarial.

La emergencia de sectores autoconvocados sugiere una crisis de intermediación sindical que complejiza la gobernabilidad del sistema sanitario y anticipa posibles reconfiguraciones en la dinámica de negociación colectiva dentro del sector público provincial.